En un comunicado oficial, el titular del Ministerio de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó que esta legislación debe interpretarse como un signo de madurez y fortaleza política. Recalcó que, aunque el perdón no elimina los desaciertos del pasado, sí facilita la construcción de un porvenir más optimista para las futuras generaciones. Padrino también enfatizó la importancia del consenso y el respeto en el ámbito político como pilares para afianzar la democracia venezolana.
Pese al aval institucional de la Fanb, la ley ha suscitado una notable polémica por las importantes exclusiones que presenta. La amnistía abarca eventos ocurridos en contextos de crisis política entre los años 2002 y 2025, pero deja por fuera a un número significativo de presos políticos.
Específicamente, el artículo 9 de la normativa excluye a individuos imputados por violaciones graves a los derechos humanos, así como por delitos de homicidio, narcotráfico y corrupción. Esta limitación en su alcance ha provocado cuestionamientos sobre su verdadera capacidad para alcanzar una reconciliación nacional efectiva.
Desde la oposición, el partido Primero Justicia ha catalogado la ley como «deficiente», argumentando que no responde de manera integral a la situación de todos los presos por motivos políticos.
No obstante las críticas, tanto el Ejecutivo como la Fanb sostienen su defensa de la ley de amnistía, presentándola como una herramienta indispensable para la paz y la estabilidad política de Venezuela, con la visión de forjar un futuro de mayor unidad para el país.
