En una publicación en la red social X, el OVP manifestó: «Esta no es una crisis nueva ni un error del sistema: es una política de abandono. Lo hemos denunciado una y otra vez: el régimen venezolano no solo ha sido incapaz de resolver el colapso del sistema penitenciario, sino que ha convertido los calabozos policiales en centros de reclusión permanentes».
La organización señaló que, aunque la normativa venezolana establece que los calabozos policiales «son espacios de detención preventiva por un máximo de 48 horas», en la práctica, «miles de personas permanecen allí durante semanas, meses e incluso años». El OVP alertó que esta situación «constituye una flagrante violación a los derechos humanos y evidencia el colapso del sistema penitenciario en el país».
Además, la ONG indicó que los familiares de los detenidos «deben suplir las fallas» del Gobierno, viéndose obligados a «llevar comida, agua, medicamentos y artículos de higiene, muchas veces a costa de ser extorsionados por funcionarios o de dormir en las afueras de comandos policiales, bajo condiciones humillantes».
El OVP también denunció que los detenidos «enfrentan procesos viciados por el retardo procesal, quedando atrapados en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa». Esta situación, subrayó la organización, «vulnera principios fundamentales del debido proceso y convierte la detención en una pena anticipada e injusta».
Finalmente, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió «medidas urgentes y concretas», entre ellas el cierre «inmediato» de los calabozos como «lugares de reclusión prolongada, que se garanticen condiciones humanas y legales para todos los detenidos y que se ponga fin al castigo indirecto que sufren sus familias».
