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Dos especialistas coinciden en no señalar de sobreprecio el proyecto eléctrico de la CAF

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Para dos fuentes las estimaciones para la compra de unidades de Fast Power -que implica el 55% de los 350 millones de dólares del endeudamiento- presentan sobreprecio, según dos ingenieros consultados. Los diputados que defiende la propuesta aseguraron que es impropio considerarlo cuando se trata de estimaciones y afirman que el proceso de financiamiento es transparente.

  • Los diputados de la Asamblea Nacional tienen previsto discutir una ley de endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 350 millones de dólares para la ejecución de proyectos que mejores el servicio eléctrico en Zulia, Caracas, Los Andes y Nueva Esparta. La ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia del Sector Eléctrico estipula un acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela, la CAF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Este último será el ejecutor y administrador de los recursos financiados por la CAF al Estado venezolano, de acuerdo con el proyecto de ley revisado.
  • El Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector eléctrico -un documento elaborado por técnicos de la CAF, Corpoelec y el Colegio de Ingenieros de Venezuela- estima la mayor inversión en Zulia por un monto de 231.500.000 dólares. De esa cantidad, 194 millones de dólares (55 % del préstamo total) estarían destinado para la incorporación en cinco meses de 240 megavatios en ocho unidades de Generación de Respuesta Rápida o unidades de Fast Power, cuyas máquinas en el mercado internacional estarían por el orden de 108 millones de dólares en total, según cotizaciones de fabricantes como Siemens, General Electric y Mitsubishi. La estimación presupuestaria presenta «sobreprecio», según indicaron los especialistas consultados José Aguilar y Miguel Lara.
  • Daniel Rosas, especialista en contrataciones públicas del Iesa, explicó que no se puede considerar que hay sobreprecio en un proyecto de ley que no ha sido aprobado ni ejecutado, y que se basa en estimaciones presupuestarias. Sin embargo, aclaró que sí se puede indicar que hay una «sobreestimación de costos» si las estimaciones elaboradas están muy por encima de los precios reales que existen en el mercado. Agregó que esto no implicaría que en la ejecución haya una sobrefacturación del bien o del servicio, porque un presupuesto siempre se estima hasta un monto máximo.
  • Jesús Urbina, miembro de Transparencia Venezuela, coincide en que los presupuestos son estimaciones de costo y que se habla de sobreprecio cuando ya se ha ejecutado el pago. Indicó que si pudiera existir en los proyectos de endeudamiento un «sobredimensionamiento de la estimación del gasto». Advirtió que desde hace meses, organizaciones de la sociedad civil, han propuesto a la presidencia interina que debe crear la figura de un contralor Ad Hoc que sirva para hacerle auditoría a los mecanismos que se aprueban en la AN para el ingreso de la cooperación internacional para atender la ayuda humanitarias, y a la recuperación de capitales de la corrupción que están en el extranjero.
  • Enrique Márquez, diputado de la AN por Un Nuevo Tiempo -partido promotor de la ley-, aclaró que el proyecto está en una etapa de estimaciones presupuestarias. «Las estimaciones presupuestarias fueron hechas tanto por personal técnico de Corpoelec, como por personal del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la CAF que tiene experiencia en el área. (…) Hablar de sobreprecio es impropio e inadecuado, tenemos una estimación para garantizar la construcción del proyecto». Precisó que además de la compra de las turbinas, en los 194 millones de dólares se incluye las obras civiles y el pago a una empresa externa -ganadora de una licitación que hará la Pnud- para que opere y de mantenimiento a las turbinas por tres años. «La intención es que Corpoelec no maneje los equipos».
  • Miguel Lara, exgerente de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, considera «errado» proponer lo que hace Corpoelec en los últimos años: «Compras de equipos inconvenientes y similares a los que se han adquirido con anterioridad con resultados negativos, ya que funcionan transitoriamente y en corto tiempo se convierten en problemas y la crisis continúa acentuándose». Aseguró que el país dispone cerca de 800 megavatios en unidades de respuesta raída y que no están disponibles. «Estas unidades son reparable en menor tiempo y a costo mucho mas bajo», especificó.
  • Oscar Ronderos, diputado de la AN por Acción Democrática, aseguró que el plan técnico presentado para recuperar el servicio eléctrico, que incluye la compra de unidades de Fast Power y la recuperación de megavatios en plantas de Nueva Esparta, Mérida, Táchira y Miranda, es el mejor porque es en el que coinciden técnicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de Corpoelec. Resalta que el proceso de financiamiento es transparente porque estará tutelado por el Pnud, que será el garante de la administración de los recursos y de la ejecución de los proyectos.
Con información de elpitazo

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