Este miércoles, el Ejecutivo y las cámaras que agrupan a 5.000 instituciones educativas privadas firmaron un documento para los precios acordados. Al encuentro asistieron la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) y Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep).
El ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz, explicó a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN): “no hemos establecido un monto, se estableció una formula que contempla la estructura de gastos de cada institución”.
Es por ello, agregó, que cada colegio privado debe convocar las asambleas de padres y representantes para presentar un estimado del costo mensual de la matrícula que permita el funcionamiento de cada complejo educativo. En este esquema de costos está incluida la nómina de docentes y del personal administrativo y obrero.
Este acuerdo posibilitará a los padres y representantes contar con un instrumento de fiscalización y control en los planteles privados, a cuyas aulas asisten más de 1 millón 200 mil estudiantes, indicó.
Además, esta disposición reconoce los subsidios aprobados por el Ejecutivo para el sector privado, con el objetivo de proteger el derecho a la educación frente a los factores especulativos.
En rueda de prensa transmitida por Globovisión, la presidenta de la Avec, Trina Carmona, ratificó que el acuerdo firmado con el Ejecutivo responde al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, “en el cual se reafirma el contenido de las Resoluciones 058 y 114 “.
Agregó que en la reunión con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quedó establecido que el monto de la matrícula “no podía fijarse en la mesa”, sino que “es una gestión que debe realizar cada plantel, atendiendo el proyecto educativo, la ubicación geográfica y la oferta educativa, en acuerdo con los padres y representantes”.
Carmona señaló que las escalas de sueldo del personal docente, administrativo y obrero tendrán como referencia las tablas salariales del Ministerio para la Educación, pero que serán las asambleas las que determinen el monto de los salarios que pueden ser superiores, “como incentivo a su trabajo” y para garantizar “la estabilidad económica de su personal”.
