De acuerdo con la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, cualquier acto de maltrato, abandono o crueldad contra los animales es sancionable con multas. Asimismo, la normativa vigente contempla penas privativas de libertad para aquellos casos donde se comprueben agresiones graves.
Mayra Acevedo, activista del sector Negro Primero, una de las zonas más golpeadas por esta situación, hizo un llamado urgente a la ciudadanía: «Soy proteccionista de bienestar animal y nuestro sector ha sido duramente afectado por el envenenamiento masivo de perros y gatos. Exhorto a los vecinos a que documenten cualquier evidencia, graben videos y tomen fotografías para formalizar las denuncias correspondientes».
Hasta la fecha, se ha contabilizado la muerte de más de 150 animales tras ingerir alimentos contaminados con sustancias tóxicas en al menos 15 comunidades de Maturín. Ante este panorama, los grupos de rescate han decidido intensificar sus acciones para visibilizar la gravedad de estos hechos.

En una acción contundente, los proteccionistas marcharon hasta la sede del Ministerio Público en el estado Monagas para consignar un documento formal exigiendo justicia por las mascotas fallecidas.
El abogado Luis Díaz, representante de los denunciantes, explicó que el objetivo es instar al fiscal con competencia en materia ambiental y protección animal a que inicie las investigaciones a la brevedad posible para determinar responsabilidades. Los activistas denunciaron además que, aunque existe una ordenanza municipal de protección animal, esta no se está cumpliendo.
Por su parte, la proteccionista Milagros Lima reiteró que la cifra de caninos y felinos envenenados supera el centenar en todo el municipio, afectando a más de diez comunidades que hoy claman por el cese de esta crueldad.