La Comisión Permanente ha identificado irregularidades graves que impactan de manera directa a los ciudadanos que se dirigen a centros de salud o establecimientos comerciales. Según lo expuesto por Correa, es alarmante que, en diversas ocasiones, el monto a cancelar por el tiempo de permanencia en una clínica resulte más costoso que el gasto generado por la propia consulta médica.
Hoy en día, los precios fluctúan de forma drástica entre un municipio y otro, e incluso entre locales ubicados en una misma zona, sin que exista una justificación técnica que respalde dichos incrementos. Esta ausencia de normativas claras afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, quienes, ante las deficiencias del transporte público, se ven obligados a utilizar sus vehículos particulares y asumir el pago de tarifas consideradas arbitrarias.
Objetivos de la propuesta
El debate que se lleva a cabo en el ámbito parlamentario tiene como eje central la creación de un mecanismo legal que permita establecer un tabulador nacional, el cual deberá regir tanto para los estacionamientos de carácter público como para los privados.
La iniciativa busca erradicar los cobros excesivos aplicados a fracciones de tiempo mínimas, así como las tarifas planas que imponen montos elevados por apenas unos minutos de uso. El propósito fundamental es lograr un equilibrio que garantice la sostenibilidad operativa para los propietarios de estos espacios —cubriendo aspectos como mantenimiento, seguridad y tecnología—, pero que, al mismo tiempo, asegure un trato justo y accesible para el ciudadano.
