José Patines, representante de la Coalición Sindical, detalló que la movilización en la capital iniciará su recorrido a las 8:30 am desde Plaza Venezuela con destino final en el Palacio de Miraflores. El dirigente subrayó que esta acción no es un evento aislado, sino una medida de carácter nacional que contará con el respaldo de líderes sindicales de distintas regiones del país.
El propósito fundamental de esta jornada es obtener respuestas concretas sobre el ajuste del salario mínimo y las pensiones, factores que se han visto severamente afectados por la prolongada crisis económica que golpea el poder de compra de los ciudadanos.
Cuatro años sin ajustes en el ingreso
Esta nueva convocatoria surge tras un ciclo de movilizaciones laborales que ha cobrado fuerza durante el año 2026. Durante el mes de marzo, los trabajadores retomaron las calles en Caracas y otras ciudades para reclamar aumentos salariales, marcando un hito en la reactivación de la lucha sindical tras largos periodos de restricciones.
Uno de los puntos de mayor tensión es que el salario mínimo se mantiene sin variaciones desde marzo de 2022, situándose actualmente por debajo de un dólar mensual, una cifra que resulta insuficiente para adquirir los productos de la canasta básica. La simultaneidad de estas protestas en varios estados refleja el descontento generalizado entre empleados activos, jubilados y pensionados.
Demandan libertad para sindicalistas y critican exclusiones de amnistía
La agenda del 9 de abril también incluye la exigencia de libertad plena para los trabajadores que permanecen bajo procesos judiciales por motivos políticos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que al menos seis dirigentes sindicales fueron dejados fuera de los beneficios de la Ley de Amnistía, a pesar de haber sido sentenciados por labores vinculadas a la defensa de los derechos de los trabajadores.
Los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, fueron aprehendidos en julio de 2022 y sentenciados en 2023 por cargos de conspiración y asociación para delinquir. Aunque obtuvieron su excarcelación meses después, sus expedientes judiciales permanecen abiertos, una situación que ha sido duramente cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil.
