Esta acción de calle se ha programado para que coincida de manera estratégica con el encuentro de la Comisión Tripartita en las instalaciones del Ministerio del Trabajo, lugar donde los representantes laborales tienen previsto reafirmar su oposición a la política económica vigente.
En la capital, la convocatoria principal llama a los ciudadanos a reunirse en Parque Carabobo para marchar hacia Plaza Caracas. De forma simultánea, en el resto de las regiones del país, la invitación es a concentrarse frente a las sedes de las inspectorías del trabajo. El motivo de esta protesta es la exigencia de soluciones concretas por parte de los gremios, quienes acumulan 1.465 días sin un incremento oficial del salario mínimo. Como resultado, el ingreso básico se ha reducido a tan solo 0,28 dólares, lo que evidencia la urgencia de esta manifestación nacional.
Sector universitario en primera línea
La directiva de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) ha sido una de las voces más firmes contra la precariedad institucional. El profesor José Gregorio Alonso, quien preside la Apucv, declaró de forma categórica: «El 23 de marzo, amparados en la constitución y la ley, nos movilizamos a nivel nacional por salarios dignos».
Por otro lado, la profesora Lisbeth Esaa, secretaria de la Junta Directiva, advirtió que la educación superior se encuentra al borde del colapso, ya que «el funcionamiento de la universidad se hace insostenible con salarios que no superan los 2$».
Los docentes recalcan que el Estado cuenta con la capacidad financiera para cambiar esta realidad. El profesor Luis Crespo, vicepresidente de la Apucv, enfatizó que «el gobierno tiene los recursos financieros para frenar la desalarización de los profesores universitarios».
Uno de los puntos centrales de la protesta es el rechazo a la entrega de bonos sin incidencia en el salario. Las organizaciones gremiales afirman que esta modalidad de pago atenta contra la seguridad social y elimina las prestaciones. El profesor Giustino Adesso, secretario de Asuntos Gremiales, indicó que «la política de bonificación no es la solución a la crisis salarial, al contrario, es el problema».
Los trabajadores insisten en que cualquier ajuste debe cumplir con lo establecido en el Artículo 91 de la Constitución, que dicta que el salario mínimo debe equipararse al costo de la canasta básica. Asimismo, la líder gremial Ana Rosario Contreras recordó que el Ministerio del Trabajo todavía no ha dado respuesta al pliego de peticiones que fue consignado. Esta falta de soluciones agudiza la precaria situación de los pensionados, cuyo bienestar se ve cada vez más mermado.
