En una misiva dirigida a la comisión encargada del seguimiento de la ley y difundida en la red social X, la organización detalló que los militares han sido procesados o sentenciados principalmente por delitos como traición a la patria, conspiración e instigación a la rebelión.
Asimismo, la coalición argumentó que estas acusaciones se han formulado en «marcos de alta polarización, donde la disidencia o el cumplimiento de principios institucionales han sido interpretados bajo una óptica de criminalización».
La ONG sostuvo que la inclusión de estos militares es procedente, ya que los delitos imputados son, por su naturaleza, políticos o conexos, lo que constituye «el núcleo de aplicación de cualquier beneficio de amnistía».
Además, enfatizó que la liberación de estos 204 funcionarios representaría un avance significativo hacia la «despolitización» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y contribuiría a «cerrar heridas dentro de la familia militar».
«Muchos de estos casos presentan irregularidades procesales y lapsos de detención preventiva excedidos, lo cual vulnera las garantías constitucionales mínimas», agregó el comunicado.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia expresó su confianza en que la labor de la comisión especial sea el puente necesario para «transitar de la persecución a la justicia, permitiendo que estos ciudadanos se reincorporen a la vida civil y familiar».
El pasado jueves, el Parlamento aprobó por unanimidad la ley de amnistía para casos de presos políticos entre 1999 y 2026. No obstante, la normativa se centra en 13 hechos específicos ocurridos en 13 años distintos, lo que deja por fuera el resto del período y los casos relacionados con operaciones militares.
Ese mismo día, Delcy Rodríguez, promotora de la ley, solicitó al Parlamento y a otras instancias dar «máxima celeridad» a su implementación.
Este martes, el diputado Jorge Arreaza comunicó que un total de 179 personas han sido excarceladas gracias a la nueva ley. Durante una conferencia de prensa, Arreaza precisó que los tribunales han concedido libertad plena a 3.231 individuos; de ellos, 3.052 ya se encontraban fuera de prisión bajo medidas cautelares, mientras que los 179 restantes estaban recluidos en centros penitenciarios.
