«Nuestros parientes fueron presentados ante los tribunales por primera vez sin que se les permitiera tener una defensa privada, como lo establece la ley. Quiero dejar claro ante la opinión pública nacional e internacional que los llevaron a una audiencia telemática y, al terminar, los trasladaron directamente a Yare. Solo unos pocos lograron ver a su defensor público dos meses después», manifestó la abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos, durante una conferencia de prensa acompañada por más de un centenar de madres y otros familiares.
Fuentes sostiene que, a día de hoy, los detenidos desconocen la identidad de los defensores públicos que el Estado les asignó, a pesar de que se aproxima el segundo aniversario de sus detenciones, calificadas por ella como arbitrarias.
«Hasta la fecha, ninguno de los nuestros ha conocido a su defensor, lo que convierte este proceso en un caso nulo desde su origen, donde se han vulnerado todas las garantías y derechos constitucionales», sentenció.
Instituciones ocultan la intención política
Para las esposas, madres y demás allegados de los detenidos en el “Caso PDVSA Obrero”, sus situaciones han sido catalogadas institucionalmente de una manera que busca desvincularlas de una motivación política. Ellos solicitan que sus casos sean considerados dentro del marco de la Ley de Amnistía que promueve la Asamblea Nacional.
«Nos intentan hacer creer que no se trata de un caso político. Existe una desproporcionalidad en la aplicación de la justicia y una violación del debido proceso que es completamente arbitraria. Se utiliza un delito como fachada para justificar la apertura de un expediente», insistió la abogada.
Reconciliación nacional sin presos políticos
Los familiares hacen un llamado para que el proceso de reconciliación nacional, anunciado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se aplique de forma “real” a todos los afectados. Piden que la amnistía general sea “incluyente” y abarque la situación de sus parientes.
«¿De qué reconciliación podemos hablar si aún hay presos políticos? No sabemos cuántos son en total, no podemos ni contarlos. Se está planteando una ley que parece excluyente, y realmente confiamos en que este proyecto sea inclusivo y los tome a todos en cuenta», subrayó.
Los trabajadores pertenecen a distintas instalaciones de PDVSA a lo largo del país. Su distribución es la siguiente: 73 de Puerto La Cruz, 3 de La Guaira, 14 de la Refinería El Cardón, 24 de Amuay, 2 del Distrito Capital y 4 de Punto Fijo. Se encuentran recluidos en los centros penitenciarios de Yare 2, Yare 3, Las Crisálidas y el Fuerte Guaicaipuro.
