El fiscal federal Jay Clayton y la administración de la DEA confirmaron que Orense, también conocido por el alias de «El Gordo», dirigió una vasta red criminal que operaba mediante el soborno sistemático y la violencia. Las autoridades de Estados Unidos lo catalogaron como uno de los traficantes más prolíficos enjuiciados en esa corte, enfatizando el daño incalculable que sus actividades ilícitas, iniciadas en 2003, causaron a la sociedad.
La evidencia presentada en el juicio demostró que el condenado mantenía vínculos estrechos con figuras de alto rango dentro del gobierno venezolano para garantizar sus rutas de distribución. Orense pagó a generales militares, comisarios policiales y oficiales de inteligencia para obtener códigos de transpondedor aéreos falsificados, protección contra operativos y libre acceso a través de puntos de control para sus cargamentos con destino al Caribe y Centroamérica.
El complejo esquema logístico incluía la adecuación de propiedades rurales con pistas de aterrizaje clandestinas y depósitos subterráneos, diseñados para ocultar tanto las sustancias ilícitas como arsenales de guerra. Según los documentos del proceso judicial, la organización empleó armamento de gran calibre, incluyendo ametralladoras montadas y fusiles automáticos, para custodiar los envíos que realizaban en coordinación con grupos guerrilleros de la región.
Esta sentencia marca el punto final del proceso legal contra Orense Azocar, quien fue arrestado y posteriormente extraditado desde Italia en junio de 2022, gracias a la colaboración internacional. La administración de la DEA reafirmó tras el veredicto su compromiso de perseguir a los criminales transnacionales, sin importar su influencia o conexiones políticas.
