A través de su cuenta en X, Provea manifestó que «Venezuela incumple las reglas de Bangkok de la ONU, que exigen proveer condiciones dignas, productos de higiene gratuitos y atención médica adecuada en los centros de reclusión».
La organización enfatizó que esta «omisión» por parte del Estado venezolano «puede constituir un trato degradante, como ha advertido el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura».
Según Provea, los familiares de las reclusas son quienes deben llevarles comida, analgésicos, toallas sanitarias, y agua para beber y el aseo personal. «El Estado venezolano se desentiende por completo, incluso de lo más básico», añadió la ONG.
Provea recordó que al menos 2.400 personas fueron detenidas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en un contexto de crisis luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara la victoria de Nicolás Maduro. De este total de detenidos, la organización señaló que «aproximadamente unas 293 eran mujeres» y que, a la fecha, «92 siguen presas por motivos políticos, muchas de ellas en un sistema diseñado para olvidarlas».
La denuncia de Provea resalta la grave situación de los derechos humanos en los centros de detención del país y subraya la necesidad urgente de atención a las condiciones de las mujeres recluidas.
