El máximo tribunal, compuesto mayoritariamente por jueces de orientación conservadora, dio su visto bueno a una solicitud urgente presentada por el Ejecutivo, que busca revertir la medida implementada por el expresidente Joe Biden a finales de su mandato. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en manifestar abiertamente su desacuerdo con la decisión.
Aunque el caso aún no se resuelve de fondo en las instancias inferiores, el fallo de la Corte permite al Gobierno seguir adelante con los trámites administrativos para poner fin al programa, aumentando la incertidumbre para miles de migrantes que enfrentan una posible deportación.
El TPS fue otorgado a los venezolanos en 2021 como respuesta a la crisis humanitaria y política que atravesaba Venezuela. El programa, vigente desde hace más de tres décadas, otorga estatus legal temporal y autorización laboral a personas procedentes de países con conflictos armados o desastres naturales, y requiere renovaciones periódicas por parte del Ejecutivo.
En esta ocasión, el centro del debate es una extensión concedida en octubre de 2023, que fue renovada en enero de este año. No obstante, el equipo de Trump, con la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem al frente, intenta revocar la decisión antes de su fecha de expiración prevista para 2026.
Una corte federal en California había frenado inicialmente esta revocatoria al considerar que podría estar motivada por prejuicios raciales. Sin embargo, el Gobierno argumentó que se trataba de una decisión política que corresponde exclusivamente al Ejecutivo, sin margen para revisión judicial.
El fiscal general John Sauer defendió la posición oficial afirmando que las decisiones migratorias de esta naturaleza requieren agilidad y discrecionalidad, elementos que —según él— fueron entorpecidos por la intervención judicial.
Por su parte, agrupaciones como la Alianza Nacional del TPS y representantes legales de migrantes venezolanos han presentado recursos legales para frenar la medida. Alegan que la administración actual intenta eludir el escrutinio judicial sobre el alcance de sus atribuciones y denuncian un patrón de decisiones que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades migrantes.
