De acuerdo con el relato de la organización, los hechos ocurrieron el viernes 3 de enero en la Plaza Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público en Caracas.
En el lugar, los agentes informaron a los presentes que tenían órdenes de dispersar cualquier concentración en instalaciones del Estado y les advirtieron que quienes participaran en estas reuniones podrían ser acusados de “terrorismo y conspiración”.
El Comité calificó estas amenazas como un acto represivo y una flagrante violación del derecho a la reunión pacífica, contemplado en el Artículo 53 de la Constitución venezolana, que garantiza el derecho de todas las personas a reunirse pública o privadamente con fines lícitos y sin armas.
También señaló que estas acciones vulneran los derechos de libre asociación y libertad de expresión, establecidos en los artículos 52 y 57 de la misma carta magna, así como en tratados internacionales suscritos por Venezuela.
La organización reiteró el legítimo derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y exigir respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos.
“Estas medidas de represión no solo siguen vulnerando derechos fundamentales, sino que buscan silenciar las justas demandas de quienes claman por justicia y libertad en Venezuela. Exigimos al Estado venezolano cesar de inmediato estas prácticas represivas y garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. La protesta pacífica no puede ser criminalizada”, finalizó
