Un juzgado español detuvo el traslado de 50 migrantes que aguardan en las salas de asilo del aeropuerto madrileño de Barajas a un Centro de Internamiento de Extranjeros, una medida tomada tres días antes por el desbordamiento de las instalaciones por un repunte de solicitantes de asilo.
El juez revocó el pasado viernes la orden que había emitido tres días antes, después de que la Fiscalía y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidieran la nulidad y de que se llegaran a trasladar a cuatro personas, informó esta ONG en un comunicado este lunes.
CEAR recordó que actualmente hay más de 390 personas esperando «en condiciones indignas e inhumanas» y aproximadamente 182 personas aún no han podido formalizar su solicitud, principalmente personas procedentes de Senegal, Marruecos, Somalia, Venezuela y Colombia.
Los retrasos en la formalización de solicitudes se dilataron hasta los 18 días en diciembre, aunque la situación ha mejorado «levemente», hasta los 8 días.
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La ONG denunció que estas demoras dificultan la detección de necesidades específicas, como en el caso de los menores, las víctimas de trata o las personas con problemas de salud física o mental o con discapacidad, e impide que puedan tener un trato diferenciado, al que tienen derecho.
Esto supone una vulneración de las directivas europeas que establecen un plazo de entre 3 y 10 días para el registro de la solicitud y que no se deben prorrogar los internamientos por causas «que no sean imputables al solicitante».
«El hacinamiento e insalubridad han alcanzado puntos críticos»
Por ello, la ONG reclamó que se autorice la entrada excepcional por razones humanitarias en territorio nacional de personas en necesidad de protección o con necesidades específicas, asignándoles la correspondiente cita para formalizar su solicitud de asilo.
Desde agosto ha habido un aumento exponencial en el número de solicitantes de protección internacional, que ha desbordado las salas en dos terminales del aeropuerto donde los migrantes esperan a que su petición sea admitida a trámite.
Tras las denuncias públicas de algunos sindicatos policiales por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que se encontraban los migrantes y la queja de CEAR, los jueces requirieron al Ministerio del Interior que tomase medidas urgentes.
«El hacinamiento e insalubridad han alcanzado puntos críticos, provocando plagas de chinches, acumulación de basura y escasez de toallas para la higiene personal», señaló la ONG en su comunicado.
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También el defensor del pueblo realizó una visita en diciembre, en la que corroboró la situación en la que se encontraban estas personas, y sugirió como posible solución la autorización excepcional de migrantes en territorio español.
Interior ha llevado a cabo algunas acciones, como la habilitación de una nueva sala provisional en el aeropuerto para mujeres y niños o la dotación de más policías para la realización de entrevistas a los solicitantes, pero tanto CEAR como el sindicato policial SUP aseguran que el problema persiste.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, informó el pasado viernes de que el Gobierno estudia la implementación de visados de tránsito desde ciertos países para evitar que las personas cojan vuelos con destino a otros países y aprovechen la escala en Madrid para pedir
