Desde finales de junio de 2021 se produjo un incremento progresivo de la atención médica a privados de libertad en Zulia. La vacunación contra el COVID-19 no parece no estar, sin embargo está en la planificación de los órganos de salud que organizan la revisión y vacunación en los centros de detención preventiva, en el occidente venezolano. En las últimas jornadas en los calabozos se inmunizó a los detenidos contra la fiebre amarilla y toxoides.
Zulia es uno de los estados que se ha mantenido desde la detección del primer caso de COVID-19 en 2019, como uno de los que mayor número de contagios. Sin embargo, hasta julio de 2021, ni el gobierno nacional ni local ha reportado casos entre la población de privados de libertad. A través de una denuncia, la familia de Jeison José Villasmil González, de 46 años de edad, privado de libertad del Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), se hizo público su contagio. Los encargados de los calabozos los llamaron, les entregaron el informe médico del Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta y les solicitaron el tratamiento médico. Pese a que compartía celda con otros detenidos, solo él recibió medicamento luego de que lo aislaran[1].
En abril de 2021, un grupo de familiares exigió el despistaje de coronavirus en las celdas de la Delegación Caja Seca tras dos decesos continuos en ese despacho y que catalogaron como sospechosos. El primer privado de libertad en morir fue José Olmedo Mendoza (44), a quien se le complicó la tuberculosis con una insuficiencia respiratoria aguda y quedó sin aliento el 26 de marzo de 2021[2]. Diez días después, el 5 de abril de 2021, falleció José Wilfredo Matheus Ramos, de 44 años, quien permanecía recluido en los mismos calabozos. Según los familiares, este último cumplía tratamiento por coronavirus[3].
Pese a esta realidad, los familiares de los 29 centros de detención preventiva que monitorea, desde el 15 de octubre de 2020, de manera exhaustiva y sistemática Una Ventana a la Libertad, en 15 de los 21 municipios que conforman el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, desconocen cuándo vacunarán a sus privados de libertad. Con el arribo de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, el tema de vacunación pasó a segundo plano para los 4.713 detenidos en los calabozos, quienes esperan recibir algún beneficio procesal y recobrar su libertad.
Revisión médica y vacunación
Tras la conformación del Estado Mayor para la Revolución Judicial en la región, se agilizó la revisión médica a los reclusos que presentan alguna patología. En un mes se han contabilizado unas 50 revisiones médicas en centros de detención, solo una veintena incluyó el total de la población del centro de detención preventiva mientras que en el resto solo se atendieron las solicitudes de quienes dirigen la coordinación policial. Se estiman que unos mil reclusos han recibido atención médica. A ninguno se les practicó un despistaje de COVID-19.
Entre los beneficiados de esta iniciativa están 48 privados de libertad de la Delegación de Ciudad Ojeda del CICPC; 15 de la base de Homicidio COL-SUR del CICPC; 65 del Eje de Vehículos Zulia; 48 de la Delegación San Francisco del CICPC; 18 de la Delegación Maracaibo del CICPC; 15 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)en San Francisco; 20 del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) en el municipio Jesús Enrique Lossada; 21 de la Policía Municipal de Cabimas; 8 del CPBEZ del municipio Valmore Rodríguez; 9 del CPBEZ municipio Lagunillas; 4 de la PNB Cabimas; 9 del CPBEZ Cabimas; 7 de la Delegación Mene Grande del CICPC; 72 en el Centro de Reclusión y Formación Ana María Campos I y II y al menos 300 en la sede principal del CICPC [4].
En cuanto a despistajes de COVID-19, solo se ha tenido conocimiento de una jornada masiva en la Delegación Caja Seca, en el municipio Sucre, al Sur del lago del estado Zulia. Se produjo el 6 de abril de 2021, al día siguiente de la muerte del privado de libertad José Wilfredo Ramos. Bajo la coordinación de Yeovana Nava, comisario general del CICPC; el diputado Guly Bert Antúnez y el personal de salud del Hospital Juan de Dios Martínez y del Centro de Diagnóstico Integral Rómulo Gallegos hubo despistaje de tuberculosis y COVID-19. Se atendieron a 45 privados de libertad y funcionarios; se desinfectó, además, las áreas administrativas, los calabozos y de atención al público[5].
Con vacunación se han beneficiado, en 2021, a los privados de libertad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el Eje de Vehículos[6], Homicidios y Delegación Maracaibo y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). Las últimas dos grandes jornadas de inmunización se ejecutaron, entre el lunes 7 y viernes 10 de junio. Vacunaron con toxoide y fiebre amarilla a 200 privados de libertad en la sede de Homicidio y Delegación Maracaibo del CICPC y otros 100 en el CPNB, en su sede en el municipio San Francisco[7].
De acuerdo al cronograma de vacunación del gobierno nacional, luego de inmunizar a las personas mayores de 60 años y a la población indígena, se inmunizaría contra el COVID-19 a los privados de libertad en lo que se denomina la segunda fase del programa. Por lo menos en Zulia se desconoce cuándo se ejecutaría. Al respecto, Omar Prieto, gobernador de la región, anunció, en julio, el Plan Masivo de Vacunación y la instalación de puntos de vacunación en todos los 21 municipios. Sin embargo, no ha mencionado cómo se atenderá a la población reclusa en los 60 centros de detención preventiva distribuidos a lo largo de toda la región.
