Con la inclusión de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), Estados Unidos ratificó su apuesta por una política de presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, ello no fue impedimento para que la pareja presidencial de Venezuela viajara este miércoles a Nueva York, donde se desarrolla el 73° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además de Flores, el Departamento del Tesoro, que rige a la Ofac, sancionó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; a su hermano, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
La agencia estadounidense también emitió sanciones contra un presunto testaferro del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, identificado como Edgar Sarría.
El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carlos Luna, consideró que estas medidas pretenden socavar la estructura del régimen de Maduro, que actualmente enfrenta una de las recesiones económicas más profundas en la historia del mundo, con un índice de inflación mensual que supera el 100 %, según datos de la Asamblea Nacional (AN).
“La elevación de la escalada de presión internacional, especialmente de los Estados Unidos, sobre la elite gobernante venezolana trata de generar una fisura y permitir que haya una transición democrática en el país”, dijo el experto en entrevista telefónica a Caraota Digital.
Según Luna, la administración de Donald Trump apuesta por “asfixiar” la legitimidad del Gobierno venezolano y su flexibilidad para negociar con inversionistas internacionales.
En un primer término, la inclusión en la “lista Clinton”, como se conoce a las sanciones de la Ofac, representan la confiscación de cualquier propiedad en los Estados Unidos, congelación de cuentas bancarias, prohibición de relaciones con personas o empresas estadounidense y, a su vez, la cancelación de visas y entrada al territorio de ese país.
Maduro figura entre los sancionados por el Departamento del Tesoro desde julio de 2017, sin embargo, en su condición de jefe de Estado tiene derecho, por ley internacional, a viajar a Nueva York para la Asamblea de las Naciones Unidas.
“Tendrían que viajar a la ONU y no salir de su perímetro porque tienen la potestad al estar invitados a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no pueden ingresar más allá porque ese sería territorio estadounidense”, explicó Carlos Luna.
Esto se enmarca dentro de los estatutos de la Carta de la Naciones Unidas, en su artículo 105, que da inmunidad a delegados de los países miembros, mientras estén incorporados a actividades dentro de la ONU.
En relación con el pronunciamiento del presidente de EEUU en el que aseguró tener “opciones fuertes” sobre la mesa en el caso de Venezuela, el experto afirmó que en el plano diplomático estas alusiones pueden resultar negativas, pues indicarían que “se estaría planeando una acción unilateral”, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.
No obstante, “puede ser solo una amenaza o iniciativa para forzar al régimen venezolano a emprender negociaciones de cara a un proceso de transición en Venezuela, sin llegar a ningún enfrentamiento armado”, acotó.
Solicitud a la CPI
Este miércoles también se oficializó la petición firmada por cinco países suramericanos y Canadá dirigida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue al gobierno venezolano por estar presuntamente vinculado a crímenes de lesa humanidad en ese país.
Luna explicó que, aunque esta acción no es técnicamente una “denuncia”, representa un hecho sin precedentes que “le va a imprimir una importancia e impulso político para considerar que el gobierno de Maduro es una amenaza a la seguridad internacional”.
“Esto abrirá la compuerta a una investigación o indagación preliminar por parte de la Fiscalía de la CPI para tratar de hallar elementos de convicción que permitan la apertura de un proceso judicial contra el presidente Maduro”, indicó.
La carta, firmada por los seis jefes de Estado este martes, va acompañada de dos informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentan procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales en Venezuela
