El anuncio se realiza un día después de que varios importantes acreedores demandaron al estado asociado de Estados Unidos y a su gobernador, Ricardo Rosselló, por el no pago de bonos de la isla por 70.000 millones de dólares.
La solicitud fue presentada bajo el capítulo III de la ley PROMESA que activa un proceso de reestructuración similar a la protección legal por bancarrota de Estados Unidos, ya que Puerto Rico no puede acogerse a la legislación tradicional del país por su condición de territorio asociado.
El caso fue presentado ante una corte de distrito estadounidense en Puerto Rico.
El proceso permitirá que Puerto Rico cuente con la capacidad legal de imponer drásticos descuentos a los retornos de los acreedores, pero también podría espantar a los inversores y prolongar la falta de acceso de la isla a los mercados de deuda.
“El gobernador necesitaba mostrar que su principal lealtad se encuentra con los ciudadanos de Puerto Rico y esa fue la justificación para la declaración”, dijo David Tawil, cuyo fondo, Maglan Capital, tuvo deuda portorriqueña pero la vendió.
“No estoy seguro si los tenedores de bonos van a recibir un mejor trato o si recuperarán la inversión con esta medida”, aseveró.
El procedimiento legal no implica que las negociaciones para lograr una reestructuración de consenso deban detenerse, dijo el gobernador en un comunicado emitido el miércoles. “Espero que el procedimiento del Gobierno bajo el capítulo 3 acelere el proceso de negociación”, agregó.
