El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, exhortó este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a reconsiderar sus acciones frente a la Asamblea Nacional (AN), luego de que el miércoles asumiera las competencias del ente legislativo, alegando una vez más que se encuentra en “desacato”.
“Observamos con preocupación la violación premeditada, intencional, permanente y pública por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de los valores propios de la Democracia como la Justicia, la equidad, la transparencia y el Estado de Derecho”, suscribió el organismo gremial a través de un comunicado.
La Junta Directiva de la seccional exigió a los poderes públicos “el respeto al marco jurídico vigente” e instó al TSJ a “reconsiderar sus acciones, ya que en nada benefician al país en medio de la situación reinante”.
A juicio del CNP, “la decisión del TSJ presta un flaco servicio a los intereses de un país inmerso en una profunda crisis; donde el ciudadano común hace esfuerzos para sobrevivir, no sólo por la escasez de medicamentos y alimentos, sino por la arremetida de la delincuencia que cada día causa más lutos en hogares venezolanos”.
Los representantes del gremio periodístico consideran fundamental la independencia de los Poderes Públicos, como lo expresa la Carta Magna, y advierten que “la nueva sentencia otorga más poderes al gobierno nacional, los cuales pudiesen utilizados como política de Estado que sustente desde una posición ilegítima la persecución a la disidencia, la censura y la violación de los derechos fundamentales establecidos en nuestro ordenamiento legal”.
A continuación el comunicado completo:
El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas manifiesta el reconocimiento a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como fundamento principal que establece las bases de la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Nuestra carta magna señala la estructura de los poderes del Estado así como la garantía a la separación de las funciones de cada uno de estos; además de otorgar importancia a los derechos fundamentales de los venezolanos apuntando al concepto de justicia social y bien común; para cuyo logro es indispensable la independencia del Poder Judicial.
El país atraviesa una dramática crisis social, política, económica a la que sumamos la institucional; la cual es evidente cuando observamos con preocupación la violación premeditada, intencional , permanente y pública por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de los valores propios de la Democracia como la Justicia, la equidad, la transparencia y el Estado de Derecho.
En la sentencia 156 de la Sala Constitucional, publicada el día miércoles 29 de marzo del presente año, se declara la “omisión inconstitucional parlamentaria” y señala “que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Esta nueva sentencia otorga más poderes al gobierno nacional, los cuales pudiesen utilizados como política de Estado que sustente desde una posición ilegítima la persecución a la disidencia, la censura y la violación de los derechos fundamentales establecidos en nuestro ordenamiento legal.
La Sala Constitucional del TSJ ratifica que la Asamblea Nacional no ejercerá sus funciones, y que las mismas serán asumidas por dicho ente, lo que implica una demostración clara de la usurpación de funciones; además los actos y decisiones serán adoptados por el mismo ente es decir, la misma no anulará decisiones de la actual Asamblea Nacional.
Las atribuciones de la Asamblea Nacional fueron atribuidas por la Constitución de la república; electa por votación directa y secreta por todos los venezolanos. Este cuerpo representa al pueblo; mientras que la Sala Constitucional no puede, ni debe asumir una representación popular al carecer de cualidad para ejercerla.
El poder de una Asamblea Nacional electa por 13 millones de personas está siendo, según la norma, deliberadamente usurpado por 32 jueces, nombrados de irregularmente sin cumplir con los requisitos establecidos en el ordenamiento vigente.
La decisión del TSJ presta un flaco servicio a los intereses de un país inmerso en una profunda crisis; donde el ciudadano común hace esfuerzos para sobrevivir, no sólo por la escasez de medicamentos y alimentos, sino por la arremetida de la delincuencia que cada día causa más lutos en hogares venezolanos.
Por todo lo expuesto, exigimos a los poderes públicos el respeto al marco jurídico vigente; asimismo exhortamos al TSJ a reconsiderar sus acciones, ya que en nada benefician al país en medio de la situación reinante.
La población venezolana aspira una salida razonable a la crisis, donde el Gobierno cumpla sus obligaciones en el marco de la ley; y se reivindique la pluralidad, competencia, igualdad, la equidad y libertad.
El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Distrito Capital llama a la reflexión a todos los venezolanos en esta aciaga hora; sobre todo al gremio profesional para que trabaje y faciliten la comunicación efectiva, y promuevan caminos de entendimiento que permitan la convivencia democrática en nuestra gran nación, como es mandato de la XV convención de periodistas.
En Caracas a los treinta días del mes de marzo de 2017
La Junta Directiva Seccional Distrito Capital.
