Un comunicado de la Cámara de Diputados explica que la propuesta “señala que el Estado reconoce que las personas con capacidad para menstruar son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna”. En ese sentido, “debe apoyar, favorecer y promover políticas públicas que generen su adecuado ejercicio”, reseña El País.
Además, entiende como “obligaciones estatales fomentar una buena salud y gestión menstrual. Junto a esto, facilitar el derecho al acceso a productos de gestión menstrual sometidos a un control de calidad para garantizar su seguridad”.
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También “fija lineamientos para asegurar” la “calidad y seguridad” de los artículos, “al tiempo que promueve el uso de productos sustentables”.
Asimismo, indica que “se deberá fomentar la implementación de programas para informar, veraz y adecuadamente, sobre la menstruación y sus vínculos con la salud. Además, establece el deber de facilitar la capacitación de profesionales de la educación sobre estos contenidos, entre otras obligaciones”, añade.
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