El diputado instó a la población a activarse en todo el país porque recalcó que la lucha es para restituir el orden constitucional y la bandera es respeto a la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos, que el Gobierno permita la entrada al país de alimentos y medicinas de ayudas internacionales y para que se celebren elecciones para resolver el conflicto que vive Venezuela.
Guevara señaló que tienen claro que los magistrados que firmaron las sentencias 155 y 156 que eliminan la inmunidad parlamentaria y despojan al Parlamento de sus competencias, dieron un golpe de Estado y por tanto, alertó que no pueden quedar inmunes
“Reafirmamos el llamado a toda la sociedad para movilizar al país para lograr la destitución de los magistrados que cometieron este golpe de estado y siguen atentando contra el pueblo, reafirmaos desde la Asamblea Nacional que no nos vamos a rendir, esto recién comienza y necesitamos el apoyo de todos para que eta lucha sea cada día más”, enfatizó el primer vicepresidente del Parlamento en una rueda de prensa y en compañía de organizaciones civiles, dirigencia estudiantil y juristas.
El también dirigente nacional de Voluntad Popular (VP), indicó que desde el momento en que el pueblo entero demuestre con firmeza que no van a obseder más la “tiranía de este Gobierno, lograremos más pronunciamiento como el de la Fiscal General de la República y así lograremos otras, como el de las Fuerzas Armadas y el Defensor del Pueblo”.
Freddy Guevara dijo que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la “modificación” que hizo a las sentencias deja claro que “la intención del Gobierno no es otra que desmovilizar el pueblo en su justo reclamo, bajar la tensión internacional y engañarnos para que pensemos que todo está bien ahora”.
Destitución lejana
José Vicente Haro, abogado constitucionalista, señala que el artículo 255 de la Constitución habilita a la Asamblea Nacional a destituir a los magistrados del TSJ con previa falta grave calificada por el Consejo Moral Republicano, el cual está integrado por la fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República; siendo así considera que el primero obstáculo que tendrían los diputados para poder destituir a lo magistrados es que “se califique esa falta grave porque en la práctica tanto el defensor del Pueblo y el contralor general de la República están en contra de la destitución de los magistrados y consideran que ellos no cometen ninguna falta grave”.
